Americas Gold and Silver tiene registrados a directivos en el IMSS, pero los sindicalizados no tienen ese derecho.
El 12 de agosto de 2021, el Juez Oral de Control con sede en Mazatlán, desechó las acusaciones de empresa Americas Gold and Silver en contra de líderes sindicales de nuestra organización, que representan a los trabajadores de la mina ubicada en Cosalá, Sinaloa. Esta decisión demuestra la falsedad de las acusaciones y la persecución en contra de los dirigentes de la sección 333, quienes pertenecen al Sindicato Nacional Minero que preside el Lic. Napoleón Gómez Urrutia.
La falta de compromiso de la empresa canadiense con la seguridad de los trabajadores es evidente pues aún no cumple los señalamientos que hicieron las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a partir de cuatro inspecciones de seguridad e higiene que realizaron en la mina durante julio y agosto del presente año. En las actas de inspección se hace constar que la empresa no presentó los equipos de seguridad necesarios para cada minero, pese a que sabía con anticipación las fechas en las que se realizarían las inspecciones.
Durante la inspección del 4 de agosto, la autoridad solicitó evidencia de las inscripciones de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la empresa solo exhibió cuatro inscripciones que corresponden a los gerentes de la planta; ninguna de los 130 trabajadores del Sindicato Minero, ni de los 126 subcontratistas que laboran en la planta, incluso cuando dicha inscripción debe ser obligatoria para todos los trabajadores.
En la misma inspección, autoridades de la STPS solicitaron que se exhibieran los manuales de seguridad e higiene que sirven para garantizar la operación sin poner en riesgo la integridad de los trabajadores. Sin embargo, ante la solicitud, los gerentes de la mina exhibieron documentos en inglés que no habían sido traducidos ni puestos al alcance de los trabajadores. Entre los documentos se encuentra un estudio que garantiza el funcionamiento de autorrescatadores para que, en caso de un siniestro, se permita a los trabajadores salir hasta la superficie desde el punto más alejado de las minas subterráneas en condiciones de seguridad, mismo que es obligatorio para la mina de Cosalá, como lo establece la norma.
Asimismo, la empresa se niega a reconocer y tratar con los representantes sindicales de la sección 333 del Sindicato Minero, incluso después de ratificar nuestra legitimidad a partir del recuento de votos realizado en septiembre del año pasado, en donde obtuvimos la titularidad del contrato colectivo de trabajo para representar a nuestros agremiados de Cosalá. La negativa de la empresa a dialogar con los dirigentes ha causado que no se resuelvan temas cotidianos que afectan a los trabajadores, como la aplicación del contrato colectivo, el pago de salario caídos, las reinstalaciones, el reglamento de trabajo y la revisión y actualización del pacto colectivo.
Por esta razón, hacemos un llamado a las autoridades de las Secretarías de Gobernación, de Trabajo y Previsión Social, y de Economía, a seguir participando en la resolución de este conflicto, garantizando que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y que se cumplan los acuerdos pactados con la empresa.
Los mineros del Sindicato Nacional estamos comprometidos con la reapertura de la mina bajo condiciones que garanticen el respeto a la libertad de los trabajadores a elegir a sus representantes y la vida e integridad de nuestros compañeros.