Con el objetivo de frenar el ciclo interminable de baches y el uso ineficiente de los recursos públicos, la diputada Rocío Maybe Montalvo Adame, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León.
La propuesta plantea elevar de manera significativa las multas para contratistas, supervisores y responsables técnicos que entreguen obras deficientes, además de obligar a los 51 municipios a transparentar todos los estudios técnicos previos a la ejecución de los trabajos.
Durante la presentación del proyecto, la legisladora albiazul señaló que las imperfecciones y el deterioro del asfalto en la zona metropolitana de Monterrey no deben considerarse un mal inevitable de la vida diaria, sino el reflejo de la falta de supervisión y de sanciones verdaderamente ejemplares contra quienes dan prioridad a sus ganancias en lugar de a la seguridad vial.
La iniciativa detalla que el problema del pavimento continúa agravándose, afectando ya a una cuarta parte de la superficie vial metropolitana, mientras que las reparaciones superficiales —como el bacheo temporal— provocan que los daños reaparezcan a las pocas semanas de haber sido intervenidos.
Ante este escenario, la propuesta contempla cambios fundamentales en el marco normativo:
Multas severas y reparación de daños: Se propone elevar las sanciones desde 20,000 hasta 30,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de obligar al contratista o responsable técnico a cubrir la reparación total del daño y aplicar una multa adicional equivalente a dos terceras partes del costo total de la obra.
Restricción a infractores: Se establece la prohibición absoluta para que los municipios otorguen nuevos contratos a particulares o empresas que tengan pendientes de reparar daños detectados o no hayan cubierto las multas impuestas.
Obligación de transparencia total (Artículo 117 Bis): Se obliga a las administraciones municipales a publicar en sus portales oficiales todos los estudios, análisis de datos, evaluaciones de vida útil, actas de inspección visual, ensayos de laboratorio y proyectos de solución sugerida, integrándolos como una obligación formal de transparencia.
“No debemos seguir permitiendo que se destinen millones de recursos públicos a reparar vialidades que se vuelven a destruir a los pocos meses, porque las constructoras elegidas por los municipios hacen un trabajo pésimo. Con esta reforma queremos que quien haga mal su trabajo pague con sanciones económicas severas y se les impida seguir recibiendo contratos, en tanto no reparen cualquier daño detectado”, apuntó Montalvo Adame.
La legisladora del PAN enfatizó que la transparencia previa a las obras es una herramienta indispensable para empoderar a la ciudadanía y garantizar que el gasto público rinda frutos reales en materia de movilidad y seguridad. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión en el Congreso del Estado.