Debido a la crisis ambiental que padece la zona metropolitana, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo “Únete Pueblo”, presentó una nueva iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado. La propuesta busca obligar al Gobierno Estatal, en coadyuvancia con los municipios, a garantizar por ley la operación de una estación de monitoreo de la calidad del aire por cada 200 mil habitantes, terminando así con las simulaciones y el abandono oficial.
La legisladora recordó que en marzo de 2025 ya había presentado una iniciativa en la misma materia; sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local decidió enviarla a “la congeladora”, debido a lo que ella considera que son “intereses políticos en conflicto”. Esto provocó que caducara y, en los hechos, bloqueó una herramienta que es urgente para la buena salud de los neoleoneses.
Montalvo Adame además lanzó una dura crítica contra la recaudación del llamado “impuesto verde” por parte de la administración estatal, calificándolo como un mecanismo opaco que se ha convertido en una “excusa para extorsionar a las empresas” o, peor aún, en un tipo de “pago por el derecho a contaminar”. Señaló que mientras el gobierno estatal recibe estos recursos sin transparentar los montos ni su destino, la contaminación sigue rompiendo récords y afectando a la gente.
La diputada declaró que por ese motivo el gobernador ya no puede seguir usando el argumento de la falta de presupuesto para adquirir infraestructura ambiental, además de que ya está demostrado cómo sí deciden gastar en asuntos promocionales, como en lo relacionado al mundial de la FIFA 2026. Dijo que el Secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano Caballero, anunció desde su llegada al cargo en 2024 la “modernización y ampliación integral de la red del SIMA”, un discurso que con el tiempo se demostró era totalmente falso.
“Por esas falsedades es tan necesario establecerlo claramente en la ley y obligarlos a aplicar el presupuesto en adquirir más estaciones de monitoreo. Solo así podremos entender qué tipo de contaminantes hay en nuestro aire y de dónde provienen, y esto jamás será un gasto innecesario. Necesitamos proteger a la gente, con acciones de contención y solución bien analizadas”.
Recordó que “el gobierno muy apenas tiene 15 estaciones de monitoreo para más de 5.3 millones de personas en la ciudad, mientras que en Madrid o Los Ángeles tienen una estación por cada 120 mil habitantes. Entonces aquí vemos que nuestra cobertura es el doble de deficiente y, para colmo, la prensa ha documentado que los equipos que hay fallan de manera constante”, alertó.
En la presentación de su propuesta de ley, destacó:
- Fallas técnicas, ya que en los últimos dos años, 8 de las 15 estaciones fijas del SIMA han fallado continuamente, dejando de medir las partículas finas PM2.5 o reportándolas de forma intermitente.
- Impacto directo en la salud, pues solo en 2022 la Secretaría de Salud estatal registró más de 150 mil consultas médicas por enfermedades respiratorias que catalogó como debidas a la polución.
- Inversión rentable, sustentada con unestudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que considera que por cada peso invertido en vigilar y prevenir la contaminación se ahorra hasta 10 pesos en atención médica y ausentismo laboral.
El proyecto propone modificar los artículos 131 y 133 de la Ley Ambiental del Estado para que la operación del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) se realice de manera coordinada entre Estado y municipios, impidiendo el ocultamiento o manipulación de datos por razones políticas. En los municipios periféricos o de menor población, la instalación de medidores se definirá bajo criterios estrictamente técnicos de riesgo y densidad.
Concluyó diciendo que “respirar aire limpio no es un privilegio, todos respiramos el mismo aire, por lo que es un derecho humano que lamentablemente hasta el día de hoy sigue sin cumplirse por el desinterés de las autoridades”, concluyó.