La diputada de Morena, Grecia Benavides, presentó un Exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente rinda cuentas sobre la eliminación del sistema de alertas ambientales y precise cómo está protegiendo la salud de la población ante los episodios de mala calidad del aire.
La legisladora señaló que el derecho a la salud es una obligación fundamental del Estado y que la contaminación en el Área Metropolitana de Monterrey representa un problema serio que afecta diariamente a miles de familias.
“Respirar no es un lujo. Es un derecho que el Estado debe garantizar”, afirmó.
Benavides advirtió que en meses recientes el Gobierno del Estado eliminó el sistema de alertas ambientales sin que hasta ahora exista un mecanismo equivalente que informe de manera clara y oportuna a la ciudadanía cuando la calidad del aire representa un riesgo para su salud.
Como parte de su posicionamiento, mostró la aplicación oficial del Estado para el monitoreo ambiental, evidenciando que no funciona desde octubre del año pasado y que tiene más de un año sin actualizarse.
“Esa es la seriedad con la que están tratando un tema que impacta directamente en la salud de la gente”, expresó.
A través del exhorto presentado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la diputada solicita que la Secretaría de Medio Ambiente informe la justificación técnica y legal para la suspensión del sistema de alertas ambientales y cuál es el mecanismo que actualmente lo sustituye; que detalle cómo ha operado el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas durante episodios recientes de mala calidad del aire; y que proporcione información actualizada sobre los daños a la salud derivados de la contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey.
La legisladora subrayó que la legislación ambiental del Estado establece la obligación de contar con mecanismos de respuesta ante contingencias atmosféricas, incluyendo sistemas de información y alerta para proteger a la población.
Asimismo, señaló que mientras el Gobierno del Estado presume la siembra de un millón de árboles a través de programas como “Reforestación Extrema”, la población permanece sin alertas claras durante las contingencias ambientales.
Agregó que además han surgido señalamientos públicos relacionados con presiones y solicitudes de pagos a empresas contaminantes, lo que genera dudas sobre si la política ambiental está orientada verdaderamente a proteger la salud pública o a utilizar el tema ambiental con fines recaudatorios.
“La política ambiental no puede ser un discurso ni un mecanismo de presión. Debe servir primero para proteger la salud de la población, porque el derecho a la salud no es negociable”, concluyó.
