Durante la discusión sobre el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos que buscar reformar y adicionar diversas propuestas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
El Senador de Nuevo León, Waldo Fernández, denunció que la Suprema Corte de Justicia tiene más de dos años sin resolver la controversia en la designación del Fiscal General de Justicia del Estado. Por ello, dijo, es fundamental transformar ese poder de la unión, que tiene doscientos años sin ser actualizado, por lo que ha perdido el contacto con la ciudadanía.
“En esta oportunidad les digo que tenemos un país en marcha y en evolución permanente después de muchos años de aletargamiento, concretamente con este poder (judicial). Nos encontramos en un punto de inflexión para consolidar los avances democráticos y de justicia social que durante muchos años quedaron postergados” aseguró Fernández.
Por ello, dijo el Senador, “México necesita un Poder Judicial que esté al servicio de la gente, que no se aleje de la problemática social ni se encierre en altas torres de privilegio…La reforma que tenemos en nuestras manos le pone rostro a la justicia. Si bien la justicia es ciega no tiene por qué no tener rostro, no tiene por qué no tiene que haber vinculación de un juez o un magistrado con su comunidad, o un ministro con su país”.
En el caso de Nuevo León, Fernández destacó que, siendo una entidad sumergida en una crisis de inseguridad “tenemos dos años sin que la Corte pueda dirimir un asunto de la mayor importancia como es la pertinencia de un Fiscal autónomo.
Dos años lleva un estado como Nuevo León, pujante, que hace su aportación, sin poder determinar la elegibilidad de un fiscal, porque en el arduo trabajo de la Corte pareciera que resolver la controversia sobre la persona encargada de procuración de justicia de un estado, puede tardar más ¡así la indolencia con la que se trata un estado! ¡Así la indolencia con ciudadanos y ciudadanas que viven una crisis de inseguridad!”.
“Al ser elegidos popularmente, los jueces tendrán un mandato más enfocado en servir a la sociedad, lo que reduce las presiones políticas o económicas externas y favorece un sistema judicial más imparcial. Estamos ante un hecho histórico que permitirá a las y los ciudadanos elegir con su voto a quienes tendrán la noble tarea de impartir justicia” aseguró el Senador.
“Con esta reforma, damos pasos firmes hacia la transparencia y la legitimidad de una institución que es vital para contribuir al desarrollo de nuestro país” añadió.